Monday, June 21, 2021
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Piden “estado de emergencia” para la educación pública en Puerto Rico

Empezó como presentación fría de números sobre el malgasto millonario de fondos públicos en empleados inactivos del Departamento de Educación, que cobran sin trabajar.

Pero acabó con un reclamo enérgico para que el Gobierno declare un estado de emergencia para atender los problemas “que le roban” el futuro a los niños y niñas del país.

Ayer, durante la vigésima cuarta reunión de la Junta de Control Fiscal (JCF), la directora de plan fiscal y presupuesto del gobierno del ente fiscal, Ginorly Maldonado, informó que la designada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, decidió aplazar un proyecto que integra las plataformas de asistencia y de nómina de la agencia, que debía atender un problema estructural de pagos indebidos a empleados que ya no laboran en el sistema de educación público.

Luego de presentar un demoledor informe consignado los millones que Educación ha pagado y continuará pagando al pausar la implementación del programa diseñado por el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Maldonado reveló que la JCF congelará $30 millones del presupuesto de nómina de la agencia como medida cautelar hasta que Educación demuestre que eliminó a los empleados inactivos de sus registros e inicie procedimientos contra las personas que han estado cobrando un cheque indebidamente.

Los hallazgos de la presentación sacudieron a los nuevos miembros de la Junta.

“Estoy perturbada”, apuntó la puertorriqueña Betty Rosa, mientras buscaba palabras para describir lo que sentía.

“Es desconcertante pensar no solo en el aspecto financiero sino en el impacto que esto tiene para nuestros niños que deberían ser nuestra mayor inversión”, agregó la comisionada interina del Departamento de Educación del Estado de Nueva York.

No se trata de hallazgos nuevos. En septiembre pasado, la JCF ya había informado que debido a un pobre manejo de sus sistemas de asistencia, en los pasados trece años Educación había pagado $84.2 millones en nómina a 17,500 empleados que ya no trabajaban en la agencia o sencillamente no contaban con los días de licencias acumulados para tomar vacaciones o días de enfermedad.

El entonces secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, aseguró en ese momento que tomaba medidas para atender el problema.

Pero ayer la JCF estimó que para el año fiscal en curso Educación desembolsará unos $46 millones a empleados inactivos o ausentes sin debida justificación por negarse a implementar el programa de nómina y asistencia para continuar con un proceso de comunicación y educación entre los empleados de la agencia.https://www.youtube.com/embed/XZemNWpWrE8&feature=emb_title

“Esto se debió haber hecho ayer y ciertamente se debe hacer con un sentido de urgencia y ahora”, afirmó Rosa antes de cederle la palabra a Antonio Medina, el otro boricua en la Junta y ex director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial.

Con rostro de incredulidad, Medina se expresó con indignación ante lo que describió como “el peor tipo de corrupción porque le roba el futuro a los niños”.

Sin tragar, recordó que después que el huracán María azotó la Isla en septiembre del 2017, muchos niños y niñas del sistema público perdieron casi un año de clases por la falta de electricidad y de agua. Luego, en el 2019, otros perdieron un semestre por los daños que la secuencia sísmica que afecta a la región sur de la Isla ha causado en las escuelas de esa región. Entonces, el año pasado llegó el reto de la pandemia del Covid-19.

“En el 2020 y 2021, nuestros niños no han recibido una educación de calidad porque no cuentan con la tecnología adecuada o, quizás, sus padres no cuentan con los medios necesarios. Ahora mismo estamos criando a una generación que no contará con la educación que necesita y que se requiere para sobrevivir en el mundo laboral. Creo que necesitamos declarar un estado de emergencia sobre la situación de la educación de nuestros niños”, argumentó tras reconocer que el Gobernador había declarado un estado de emergencia por violencia de género.

“No podemos vivir en una sociedad donde solo los hijos de las personas con recursos se preparan para el éxito”, agregó.

De inmediato, el gobernador Pedro Pierluisi Urritia, quien participaba en su primera reunión pública de la JCF, prometió tomar cartas en el asunto, pero aclaró que se acababa de enterar de los hallazgos del informe en el cónclave.

Lea también: Pierluisi asume el poder

Aseguró que Educación implementará el programa de nómina y asistencia con premura y que la designada Secretaria de Educación se expresará sobre el tema a inicios de la próxima semana. También prometió recuperar el dinero desembolsado de forma indebida y tomar medidas legales contra aquellas personas que cobraron sin trabajar.

“Y si hubo algún esquema de corrupción lo vamos a atender. Soy un hombre de ley y orden”, apuntaló.

“Esa propuesta de retención de los fondos de nómina tendrá que ser ajustada”, agregó.

El debate sobre la educación continuó entre los otros miembros de la JCF, que resaltaron que debido al micromanejo que muchos criticaban es que precisamente se había detectado esta situación anómala, que se extiende a otras agencias de gobierno. También apuntaron que permitir este tipo de práctica no solo quitaba recursos a los estudiantes sino que era un insulto a los maestros y maestras que trabajaban y a los propios bonitas del Gobierno.

“Esto es indicativo de una gobernanza y administración pobre”, señaló Andrew Biggs.

En medio de la discusión, Rosa pidió no mezclar el asunto de las carencias de la educación en tiempos de la pandemia con el problema estructural de la nómina, que exige acción inmediata. Biggs aprovechó para mencionar que previo a la quiebra y el huracán María, la educación primaria en el país estaba clasificada por debajo de la educación en México. Medina añadió que las deficiencias en el sistema de educación creaban desertores escolares que eventualmente terminaban en las cárceles.

Al final del intercambio, Pierluisi Urrutia pidió a los miembros de la JCF que la próxima vez no esperaran a una reunión para traer a su atención un asunto de esta magnitud e insistió en que procuraba una relación de apertura con el ente fiscal.

La directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, abrió los ojos bien grandes y respondió: “Con mucho respeto, nuestra intención no era sorprenderlo. Hemos estado dialogando sobre esto todas las semanas por los pasados dos meses con su Secretaria de Educación y con su equipo, con Aafaf, su CFO y su jefe de gabinete… Mis disculpas si lo sorprendimos”.

Cortesia de NotiCel

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