Monday, June 21, 2021
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Corrupción y empresarismo lideran discusión de candidatos a la Gobernación de Puerto Rico

Los aspirantes discutieron temas como la corrupción, los impuestos, el estatus y cómo restaurar la confianza del pueblo a las instituciones en un foro que marcó ciertos puntos de convergencia entre las distintas plataformas.

Cinco de los seis candidatos a la Gobernación de Puerto Rico se comprometieron a luchar contra la corrupción y a impulsar a los empresarios locales durante su incumbencia, como parte de sus propuestas de desarrollo económico de cara a las elecciones generales en noviembre.

Los aspirantes participaron de un foro organizado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) que fue transmitido a través de la plataforma Zoom y sirvió, además, para notar puntos de convergencia entre las distintas plataformas.

El senador Juan Dalmau Ramírez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la licenciada Alexandra Lúgaro Aponte, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), y el doctor César Vázquez Muñiz, del Proyecto Dignidad, enfatizaron en la necesidad de reformar el gobierno luego de acabar con el bipartidismo entre el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD).

Los tres coincidieron en que la corrupción surge, entre otras razones, por el clientelismo político potenciado por estas dos colectividades, para lo que enumeraron una serie de iniciativas que implementarían para reducir la cantidad de contratos a donantes políticos y para restaurarle credibilidad al Gobierno de Puerto Rico.

En cambio, los candidatos del PNP, Pedro Pierluisi Urrutia, y del PPD, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, se unieron a la lucha contra la corrupción, no sin antes apostar a sus respectivas trayectorias de más de dos décadas en el servicio público para reiterar que están listos para asumir las riendas del país.

El candidato independiente Eliezer Molina se excusó del foro.

Los panelistas del encuentro —el economista Gustavo Vélez, el contador público Juan Acosta Reboyras y la periodista Joanisabel González— concluyeron que los candidatos no contestaron la forma en que ejecutarían estas ideas. Vélez, particularmente, argumentó que los aspirantes no tienen una visión holística sobre los problemas que enfrenta Puerto Rico.

Buscan ponerle fin a la corrupción

Lúgaro Aponte detalló que una de las formas para acabar con la “pala política” es mediante un sistema de méritos, para asegurar que los funcionarios públicos cuenten con los credenciales necesarios para ocupar los puestos a los que fueron designados.

A esto abundó que las agencias deberían destinar solo de un tres a un ocho por ciento de los puestos ocupados a personal de confianza, en lugar de dos terceras partes, como afirmó que es al presente. La candidata también abogó por imponer topes salariales a todos los funcionarios públicos.

Como parte de sus ideas, habló de legislación para evitar que los máximos donantes de las campañas de los partidos políticos sean quienes más contratos logren con la administración de ese funcionario.

“Si se instaura un sistema de méritos, retribución y distribución de empleados y de estadísticas, vamos a salir hacia adelante poco a poco”, expresó Lúgaro Aponte, quien apoyó la creación de un comité de oficiales de cumplimiento para que encaminen estas medidas.

La participación de ciudadanos fuera del gobierno es una idea que se asemeja a una propuesta de Dalmau Ramírez, quien propuso que toda contratación pública mayor de $20,000 debe pasar por mayores controles de rigor y debe ser monitoreada por ciudadanos externos.

En el gobierno, mencionó la creación de un fiscal de la ética gubernamental que labore de manera independiente al Departamento de Justicia y que pueda encausar a funcionarios por corrupción.

La inclinación por enjuiciar a funcionarios que cometan actos de corrupción se notó más intensa entre los candidatos del Proyecto Dignidad, el PPD y el PNP.

Vázquez Muñiz fue enfático en que el bipartidismo y la corrupción continuarían su curso a menos que los funcionarios y los empleados públicos enfrenten consecuencias por sus actos.

“No importa quién gane, las agencias se comportan de la misma manera. La empleomanía está polarizada cuando se activan unos y se inactivan los otros. El problema de las agencias y su disfunción es otro caso más de la impunidad. Tienes que tener personas que impartan órdenes y si no se cumplen, que hayan consecuencias”, expresó Vázquez Muñiz.

Por otra parte, Delgado Altieri propuso la contratación de auditores forenses para detectar la corrupción y también se alineó con la imposición de penas criminales: “Hay que castigar de forma severa a quien comete un acto de corrupción”.

Pierluisi Urrutia aseguró que prohibiría la otorgación de donativos políticos en un plazo de 90 días antes y después de la firma de contrato público, además de que interesa reubicar al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) dentro del Departamento de Justicia para que se concentre en casos de corrupción gubernamental y casos de derechos civiles.

También le brindaría herramientas adicionales al Departamento de Hacienda para que la agencia colabore con las investigaciones de agencias estatales y federales.

Esta visión de Pierluisi Urrutia se unió a su celebración de que, en cuatro años como Secretario de Justicia durante la administración de Pedro Rosselló González, logró un 96% de convicciones en casos en los tribunales, un aumento de 50% en los casos referidos al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente y un incremento de 400% en informes de la Oficina del Contralor que fueron atendidos.

Estatus y PROMESA

Solo Dalmau Ramírez y Pierluisi Urrutia discutieron cómo sería el Puerto Rico sin la ayuda del gobierno federal o bajo su control absoluto, pues ambos promulgan esos polos opuestos en cuanto a la discusión del estatus político.

A preguntas de los panelistas, ambos reiteraron que un voto por sus candidaturas no significa la llegada inmediata de la ideología que promulgan, ya que son procesos que conllevan planificación y tiempo.

Fue Dalmau Ramírez quien destacó que el 3 de noviembre el pueblo elegirá a quien mejor pueda resolver los problemas inmediatos de Puerto Rico.

“Lo que está planteado el 3 de noviembre es a quién el país le va a otorgar su confianza por su historial y carácter para atender temas urgentes. Yo como candidato sí me comprometo a promover la descolonización, pero ahora mismo hay unos problemas de educación, salud… La elección general es para escoger los líderes que van a dirigir los caminos políticos de Puerto Rico. El estatus tendrá su vía”, explicó el actual senador del PIP.

Dalmau Ramírez subrayó la importancia de desafiar a la Junta de Control Fiscal (JCF). De acuerdo a sus declaraciones, lo ideal sería eliminar la entidad financiera, pero dejar un marco legal de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) que proteja a la Isla de los pagos de la deuda.

“Tiene que darse en el marco de que Estados Unidos tiene que aceptar su responsabilidad de pago [de la deuda]”, declaró Dalmau Ramírez, quien reiteró que la deuda es ilegal y no es Puerto Rico quien debe pagarla.

En el caso de Pierluisi Urrutia, el candidato abogó por cumplir con los requisitos impuestos por el Congreso de los Estados Unidos en la Ley PROMESA para eliminar a la JCF.

El candidato reiteró que los fondos federales asignados a Puerto Rico tras el huracán María son una oportunidad dorada para mejorar la infraestructura de la Isla, ya que la “estadidad es un método de desarrollo económico”.

Pierluisi Urrutia rechazó que convertirse en estado repercutiría en la suma de impuestos a los constituyentes de forma inmediata.

“El pensar que el que Puerto Rico se convierta en estado al día siguiente tienes la aplicación de todas esas contribuciones federales no es correcto. Nada impide que se apliquen de forma gradual… Por experiencia, si la nación se está expandiendo, lo que va a hacer es darle la mano al territorio”, afirmó el candidato novoprogresista.

Alivio empresarial

Delgado Altieri destacó que el Gobierno de Puerto Rico debe ser un facilitador de desarrollo económico y que la empresa privada debe ser el motor económico de la Isla.

Respaldó la eliminación del impuesto al inventario, la creación de una planilla única para empresarios, acelerar la otorgación de permisos y de regionalizar los servicios que ofrece el gobierno central a través de los municipios.

“Cuando hablamos de planificación y un plan de desarrollo para Puerto Rico, implica a rasgos bien generales convertir al Gobierno de Puerto Rico en el facilitador, donde sea la empresa privada el eje que mueva la empresa privada. Mover desde las PYMEs hasta la industria [manufacturera], ese ambiente que se tiene que desarrollar para maximizar las inversiones que se puedan hacer”, describió Delgado Altieri.

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